Transporte Publico: Un sector demasiado apegado a las monedas

Un escribano público visitó hace 45 días la terminal que la línea de colectivos 129, del Grupo Plaza, tiene en La Plata. Lo enviaba el Banco Nación para acreditar una queja de la proveedora alemana Siemens, que acusaba a la compañía de los hermanos Cirigliano de impedir la instalación de cables para máquinas de boletos electrónicos. Hombres de muy buena relación con el Gobierno, los Cirigliano se oponían a la colocación con el argumento de que los técnicos no llevaban los certificados de ART y de Nación Seguros. El trabajo se hizo días después y alcanzó a las líneas 129, 133 y 124. Pero sólo con cables: no hay instalada, en todo el sector del transporte terrestre argentino, una sola de las 18.000 máquinas oficiales prometidas hace un año y medio por Cristina Kirchner. Apenas las viejas del Grupo Plaza en colectivos propios y las Monedero, de Roggio, en subterráneos de su concesión y ómnibus de la firma DOTA.

Algo no funciona del todo bien en el sector. El Sistema Unico de Boleto Electrónico (SUBE) fue anunciado por la Presidenta el 3 de febrero del año pasado. Lo hizo, dijo ese día, para terminar con "el mercado negro de las monedas" y lograr "una mejora sustancial en los sectores más vulnerables socialmente". Escoltada por Ricardo Jaime, entonces secretario de Transporte, la Presidenta le dio a la medida 90 días de ejecución: "He fijado plazos para que todos los usuarios puedan disponer de tarjeta electrónica en el ámbito metropolitano".

Los plazos fallaron. El SUBE es hasta ahora, con el tren bala, el Gasoducto del Nordeste, la refinería Gral. Mosconi II, el celular nacional "Argenmóvil", el satélite Pueblo Peronista, los 20.000 millones de dólares chinos, el Gran Gasoducto del Sur y la privatización de Lafsa, una de las tantas aventuras imaginarias del gobierno de los Kirchner.

Angel sin alas

Pocos proyectos han quedado, por otra parte, tan expuestos a lo que entonces era una silenciosa controversia entre Jaime y el ministro de Planificación, Julio De Vido. Tal vez allí puedan dilucidarse algunas razones de la inmortalidad de las monedas en el transporte público argentino.

Por motivos que se desconocen, los Kirchner decidieron en su momento quitar el proyecto del alcance de Jaime y dejarlo en manos de Angel de Dios, que no es un ser puramente espiritual sino el presidente de Nación Servicios -dependencia del Banco Nación- y funcionario de confianza de De Vido. De Dios es el padre de Mariana, ex novia de Facundo, el hijo mayor del ministro. "No puede fracasar", se entusiasmó el directivo aquel 3 de febrero, apenas le transmitieron inquietudes acerca del programa.

Pero esa decisión complicó las cosas en un sector acostumbrado operativamente a hacer y deshacer a los antojos de Jaime. La primera adjudicación del proyecto fue para tres compañías de trato frecuente con De Vido: Siemens, Indra y el grupo Roggio. Jaime fue reemplazado por Juan Pablo Schiavi meses después.

Desde entonces, la contienda sigue siendo por la caja: ¿quién controlará esos fondos, pagados por los usuarios en cada tarjeta antes de ser empleados como boletos? Los transportistas argentinos se han malacostumbrado a un sistema de subsidios millonario, discrecional y poco transparente. Es difícil, por ejemplo, saber fehacientemente cuál es el nivel real de pasajeros que llevan y los montos que reciben. Más aún, que se resignen a ceder la administración de lo que desde 2003 cuentan y trasladan en efectivo.

Las demoras se extendieron. En diciembre, las cámaras de autotransportistas de pasajeros y concesionarios de trenes dejaron entrever qué era lo que realmente pretendían: se unieron y conformaron la Asociación Civil del Transporte (Acitra), creada para la "coadministración y control" de los recursos del SUBE.

Ese primer paso de los privados fue homologado el jueves pasado por el Gobierno a través del decreto 988: aunque no le sacó el control del SUBE a Nación Servicios, instruyó a la Secretaría de Transporte, por primera vez, a "instrumentar la participación de las empresas prestatarias de servicios de transporte público automotor y ferroviario, de superficie y subterráneo de pasajeros" para "favorecer la participación coordinada del sector en la administración" del programa. Hay un hombre clave en la iniciativa: Eduardo Sícaro, interventor en la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

Monedita de oro

Desde el inicio, las licitaciones fueron cinco. Los trabajos con las 10.000 primeras máquinas quedaron para Siemens, Indra y Roggio. Aunque todavía no funciona ninguna, se asignarán otras 8000 esta semana.

Las preadjudicatarias de esta segunda etapa son Siemens y dos pymes nacionales: Laser Argentina, conformada por los ingenieros electrónicos Leonardo y Mario Vidarelli, y Tallion, grupo encabezado por Daniel Castillo, egresado del Instituto Balseiro y de buena relación con Cristóbal López, el zar de los casinos. Tallion es proveedora de una de las firmas de transporte de López, circunstancia que le vale en el sector una inevitable identificación con el emprendedor de Comodoro Rivadavia. "No tenemos nada que ver, son solamente una empresa amiga", negaron a LA NACION colaboradores de López. Entre los transportistas, todos hablan de "la empresa de Cristóbal".

Los Cirigliano adelantaron que impugnarían la adjudicación. Consideran injusto que se haya excluido a Ticketrans, su empresa de tarjetas electrónicas, a la que el Gobierno no le convalidó el soporte técnico. Es probable que, si tiene éxito, el boleto electrónico se vuelva a postergar. Tan incómodas para los usuarios, las monedas argentinas parecen caerles en el sector, como decía el bolero, demasiado bien a todos.

Fuente: Lanacion.com